Por Arturo González González

Menos que un derecho consumado, la libertad de expresión ha sido una aspiración de alcance acotado. A veces más, a veces menos, pero siempre ha tenido límites. El presente no es la excepción, ni siquiera en las que se presumen como democracias avanzadas. Y buena parte de las limitaciones tienen que ver con los medios para ejercerla y las instituciones que deciden quiénes pueden practicarla y cómo.

Los atenienses clásicos, abuelos de la democracia, usaban dos términos para nombrar prácticas distintas que se parecen a lo que llamamos libertad de expresión: parresía e isegoría. La primera era más una expectativa o cualidad que un derecho: el acto de hablar con la verdad sin reservas. La isegoría era un pilar de la democracia ateniense: la posibilidad de que un ciudadano, sin importar su capacidad pecuniaria, pudiera hablar en la asamblea sin restricciones. Así planteado, parece un gran avance en comparación con los estados despóticos dominantes en la época. Pero el alcance seguía siendo acotado en la Atenas de Pericles. Los beneficiarios de la isegoría eran los ciudadanos, es decir, los hombres libres mayores de edad nacidos en Atenas, hijos de padres atenienses. La élite, pues. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no podían practicar la isegoría, y si se inclinaban hacia la parresía, probablemente les iba muy mal.

Algo parecido ocurrió en la Inglaterra del siglo XVII, origen de la libertad de expresión en su significado moderno. La naciente burguesía rural y urbana comenzaba a desafiar el poder absoluto del rey y a rebelarse contra la censura y el control de la imprenta, el novedoso artefacto que permitió acelerar la difusión de las ideas. En su lucha contra el viejo régimen, los burgueses y terratenientes fueron ganando derechos, y uno de ellos fue el asentado en el Bill of Rights de 1689, que permitió garantizar la libertad de expresión… pero sólo en el Parlamento. O sea, tenías que ser parlamentario para ejercer el nuevo derecho. Y sólo unos cuantos podían serlo. La mayoría de la población quedaba al margen.

Tuvieron que pasar un siglo y dos revoluciones –la francesa y la estadounidense–, para que la libertad en cuestión ampliara sus horizontes. Pero no tanto como luego se cree. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 en Francia estableció que “cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley”. Si bien el derecho se extendió a hombres y mujeres de distintas condiciones sociales, incluso sirvientes, había una limitación elemental: para “imprimir libremente”, debías ser propietario de un medio de impresión. Si no lo eras, sólo podías hablar y escribir con puño y letra lo que quisieras.

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que data de 1791, dicta que el Congreso no debe aprobar leyes que “coarten la libertad de palabra y de prensa”. No obstante, además de la limitación relacionada con la propiedad de medios de impresión, el caso estadounidense encierra otras restricciones: los esclavos y miembros de pueblos indígenas no eran considerados como parte del famoso “We the People” y, por ende, quedaban fuera del ejercicio de la libertad de expresión.

El salto hacia la generalización del derecho de marras se dio en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en su artículo 19, reconoce la libertad de expresión y opinión, además de “investigar y recibir informaciones”. Es decir, el reconocimiento no se queda en el libre decir, opinar o publicar, sino que avanza hacia el derecho a la información, que luego se transformaría en varios países en el derecho de audiencias. Una novedad importante, sin duda. Pero las limitaciones siguen presentes.

Una de ellas está relacionada con lo que ya he explicado: los medios de difusión. Se puede decir que quien cuenta con mayor número de medios o con medios de mayor alcance, posee un grado de libertad superior al de quienes no los tienen, que son la mayoría. Pero hay otro problema: no existe una ciudadanía legal universal depositaria de los derechos de la Declaración de 1948. En términos llanos, se es “ciudadano del mundo” y sujeto de derechos sí y sólo sí se es ciudadano de un Estado nacional. Y en la práctica, cada Estado nacional decide cuáles son los derechos y las obligaciones vigentes en su área de jurisdicción. Y por más que digan apegarse a la Declaración Universal, queda a su criterio la aplicación del contenido.

Entonces, tenemos dos grandes asuntos que acotan la libertad de expresión y, en consecuencia, el derecho a la información: la desigualdad en la posesión de los medios de difusión de las ideas y la interpretación que cada estado haga de dicha libertad de acuerdo con sus intereses nacionales o los de su élite. En los últimos 30 años al ecosistema de los medios de comunicación “tradicionales” se han sumado las plataformas digitales y, más recientemente, las herramientas de Inteligencia Artificial generativa.

En el cambio de siglo se creó la ilusión de que con la internet la libertad de expresión y el derecho a la información alcanzarían la apoteosis de la democratización. Se creyó que el monopolio de la verdad, que recaía en los medios y los gobiernos, estaba por llegar a su fin. Pero la historia nos tenía reservada una amarga sorpresa. Las plataformas digitales que usamos para publicar nuestras ideas, fotos y videos, o para enterarnos de algún tema, no son neutrales. Pertenecen a empresas cuyos dueños, en el caso de Occidente, forman la nueva élite económica. Una auténtica tecnoligarquía que tiene sus propios intereses.

La alternativa más visible al modelo centrado en las grandes empresas no es necesariamente afín a la libertad de expresión y al derecho de información. Estados como China y Rusia establecen controles férreos desde el poder político para “cuidar los intereses nacionales”, so pena de encarcelamiento y confiscación. Y cada vez más gobiernos sucumben a la tentación de endurecer el control de la información. Israel, por ejemplo, se ha convertido en los últimos años en uno de los estados más agresivos contra los periodistas.

O sea que, de un lado, los límites prácticos a la libertad de expresión son impuestos por empresas privadas, ya sea medios o plataformas tecnológicas y, del otro, por los gobiernos de los países. ¿Hay una tercera vía? La Unión Europea ha buscado construir un ecosistema informativo en el que las audiencias estén en el centro. El problema es que en dicha búsqueda ha recurrido a una hiperregulación que tiende a limitar el desarrollo y la innovación tecnológica y que, al final, no consigue del todo su objetivo. Porque hay que decirlo: las tecnologías de la información avanzan más rápido que las legislaciones.

Hay otra realidad que no podemos pasar por alto. En tiempos antiguos, antes de la imprenta, los controles del poder sobre la población se daban a partir de la escasez de información. En el presente, dichos controles ocurren a través de la sobreabundancia de contenidos alterados o deliberadamente falsos. En el pasado, la lógica era que se debía creer a ciegas en quien poseía el bien escaso de la información. Hoy, la lógica parece ser saturar de información contradictoria para que, al final, terminemos por no creer en nada. Por eso, cuando hablemos de libertad de expresión, debemos preguntarnos: ¿para quién y para qué?