El proceso electoral más complejo de la historia democrática de México alcanzó su clímax el domingo 6 de junio, pero no ha concluido. Aún faltan los cómputos de actas y, en algunas casillas, la apertura de paquetes para el recuento de votos. Los casos en los que se presenten denuncias e impugnaciones llegarán a los tribunales electorales en donde se emitirá el fallo definitivo para la entrega de constancias de mayoría. Los partidos y candidatos mantendrán la guerra de discursos conforme avance la judicialización. En suma, el proceso todavía no termina. No obstante, estamos en un buen momento para reflexionar sobre lo que está siendo y significando este proceso electoral para la democracia mexicana, y lo que es necesario ajustar para mejorar la representatividad y rendición de cuentas de quienes resulten electos en estos comicios y los próximos.

Lo primero que propongo es revisar la importancia del sufragio como derecho ciudadano de una república cuyo sistema político es una democracia representativa pluripartidista, también conocida como democracia liberal. La corriente dominante apunta al voto como la acción central de este tipo de democracia, ya que de él emanan la legalidad y legitimidad de quienes asumen los cargos de elección popular: presidente, gobernadores, alcaldes y regidores, senadores y diputados federales y locales. Sin la mayoría de sufragios, quienes piden el voto no pueden gobernar ni representar al corpus cívico. Por eso, para los partidos políticos y sus candidatos, de cara a los ciudadanos, la democracia se circunscribe casi exclusivamente al ejercicio del voto, único compromiso de los electores. Todo lo demás, es “asunto de ellos”. Una vez obtenido el mandato constitucional emanado de las urnas, toca ejercerlo y… prácticamente nada más.

Esta es, sin duda, una visión reduccionista, sesgada y obtusa de la democracia. Primero porque deja de lado las formas, muchas veces antiéticas y hasta ilegales, de los partidos al momento de conseguir los votos durante las campañas. Segundo, porque obvia los distintos significados del voto y las realidades específicas que lo rodean. Y, tercero, porque desdeña otras formas de ejercicio de la ciudadanía más allá del sufragio. Vayamos por partes. Las campañas son aquella parte del proceso electoral en el que los partidos y sus candidatos salen a convencer a los ciudadanos para que voten por ellos. En teoría, las campañas sirven para conocer y contrastar las propuestas y proyectos de los aspirantes a un cargo de elección popular. En la realidad, se han convertido en el período en el que: uno, se afianzan las estructuras clientelares de los partidos con mayor posibilidad de triunfo y se busca descarrilar la de los contrarios con promesas particulares y entrega de beneficios materiales; dos, se descalifica y ataca al contrario para tratar de inhibir el voto a su favor del llamado electorado independiente; y, tres, se construyen narrativas simplistas para luego ofrecer soluciones igual de simples e, incluso, absurdas. El debate de ideas es escaso, cuando no nulo y, en lugar de ello, abundan las mentiras, la dispersión de mensajes anónimos, la guerra de lodo y las campañas negras.

El segundo aspecto que debemos revisar es el voto, el cual puede tener distintas definiciones dependiendo de su motivación: voto duro militante o simpatizante, voto clientelar, voto de castigo, voto independiente, voto nulo voluntario y el no voto que, hay que decirlo, puede ser también una forma de postura político-electoral que merece su propio análisis y categorización. Una persona puede no ejercer su voto por diferentes razones, más allá de los impedimentos legales o físicos: ya sea por falta de interés, por rebeldía hacia el sistema político o proceso electoral o por resistencia hacia un candidato o partido con el que se supone que estaba comprometido. Pero en ningún caso debemos perder de vista que el voto es un derecho, no una obligación legal; y como derecho, el ciudadano es libre de ejercerlo o no. Esta categorización es importante porque nos ayuda entender la naturaleza del poder político emanado de una elección. No es lo mismo un triunfo logrado sobre la base de una movilización del voto duro y clientelar que otro conseguido a partir de la movilización masiva de un voto independiente que busca un cambio. Los dos pueden ser triunfos legales, si en el primer caso no se demuestra la coacción del voto, pero las diferencias son determinantes a la hora de construir el poder surgido de la elección y de definir la forma de relacionarse con el sector de la ciudadanía que no votó por el ganador.

El tercer aspecto sobre el que debemos reflexionar tiene que ver con las vías distintas al voto con las que cuenta o contaría la ciudadanía para hacer valer sus derechos sociales e individuales. Y en este punto cobra importancia la rendición de cuentas. Pensar que el único compromiso del ciudadano es votar abre la puerta a una democracia de simulación, engaño y demagogia. Para evitar los excesos del poder, que pueden ser cometidos incluso por un gobierno ampliamente legitimado en las urnas, es necesario que los ciudadanos tengan la posibilidad de incidir en los procesos de toma de decisiones y de vigilar a los funcionarios de los poderes ejecutivos y sus representantes en los legislativos. Ver el voto como un cheque en blanco y como el único instrumento para controlar y castigar los abusos es propiciar desfalcos y desvíos; en una palabra, descontrol. Coahuila es un claro ejemplo de ello: tras doce años de gobiernos de endeudamiento, violencia y corrupción, el mismo partido sigue gobernando.  Ni control, ni castigo en las urnas. Este ejemplo nos deja ver que hace falta mucho más que el voto para transitar a un verdadero esquema de rendición de cuentas y control del poder; un esquema en el que el ciudadano tenga un mayor peso específico. Luego del voto, sería bueno revisar profundamente las normas electorales para acotar el engaño y las prácticas antiéticas e ilegales y propiciar un mayor debate de ideas y un acercamiento mayor entre ciudadanos y candidatos. ¿Ayuda a decidir el voto la propaganda en medios, redes y anuncios espectaculares? Considero que no, que se puede prescindir de ella perfectamente y dejar estos espacios sólo a las autoridades electorales para que orienten a los ciudadanos sobre cómo ejercer su derecho y cómo denunciar irregularidades, y que se promueva la participación electoral y más allá de lo electoral con información útil y verdadera. Sería interesante propiciar también un diálogo abierto entre ciudadanos respecto a la salud de nuestra democracia y a los cambios que pudieran aplicarse para mejorar la representación de gobernantes y legisladores y para construir esquemas de rendición de cuentas más efectivos y de participación ciudadana más allá del ejercicio del voto. Recordemos que la democracia no es perfecta ni nunca lo será. Pero siempre es perfectible y que, como tal, debe avanzar para no estancarse.