Los gobernadores dicen que sus estados no reciben lo que les corresponde. El presidente asegura que cada estado tiene lo que le toca y que no hay más. Los gobernadores amagan con salirse del pacto fiscal. El presidente dice que no pueden hacerlo. ¿Quién tiene la razón? La verdad, eso no es lo importante. Si nos quedamos en la dicotomía de blanco y negro, de buenos y malos, que se promueve en la política mexicana hoy, es seguro que tendríamos que escoger un bando. Pero la realidad es siempre mucho más compleja de lo que la miopía oficialista y partidista nos permiten ver. La respuesta está, como la mayor parte de las veces, en un punto medio, y tiene que ver con la historia reciente de la República. Pero antes, es importante precisar que los gobernadores no están proponiendo romper el pacto federal, plasmado en el artículo 40 de la Constitución, y que determina la conformación de la República en estados libres y soberanos. De lo que hablan los mandatarios estatales en realidad es de la Ley de Coordinación Fiscal, que es el instrumento jurídico por el cual se determina la distribución de recursos federales con criterios de equidad. No estamos ante una posible secesión, sino ante una exigencia por parte de los gobiernos subnacionales de que se revisen las reglas de reparto de dichos recursos.

Aclarado el punto, hay que recordar que antes de la primera alternancia el régimen factual y corporativo de partido de Estado permitió durante sexenios un control casi total de las estructuras republicanas por parte del presidente. El jefe de Estado y de Gobierno en turno gozaba de amplios poderes legales y extralegales para ejercer presión sobre los otros dos poderes de la Unión, así como en los otros dos órdenes de gobierno. Era raro que algún mandatario estatal se rebelara ante el poder del Ejecutivo federal, ya que éste contaba con los instrumentos políticos para obligar a renunciar a los rebeldes. Uno de los saldos de la alternancia fue precisamente la caída de ese poder de los presidentes. El problema fue que el cambio de partido no trajo consigo una reconfiguración del federalismo, el cual durante el priato sólo se mantuvo en el papel, pero nunca en la realidad. Los gobiernos de la alternancia no profundizaron el régimen federalista, de tal forma que el vacío que provocó la caída de régimen hegemónico presidencialista del PRI no fue llenado con un verdadero equilibrio de poderes y reglas claras en la nueva convivencia de las entidades federativas y el Ejecutivo federal. Y sobrevino el desorden.

Los estados de la República intentaron presionar primero al nuevo gobierno federal con la creación de la Conago, de corte eminentemente priista, hoy en proceso de sustitución por la Alianza Federalista. Luego, los gobiernos subancionales aprovecharon los vacíos y la ausencia de controles para endeudarse de forma opaca, dilapidar el erario y ejercer un poder sin contrapeso ni supervisión, en medio de una descomposición social y política que redundó en una violencia criminal sin precedentes. Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango… son sólo algunos de los ejemplos de los escándalos de corrupción y criminalización estatales. Ante la desaparición de la figura del presidente árbitro, los gobernadores se vieron en la posibilidad hacer uso de su poder sin vigilancia que pusiera coto a sus excesos, en una década que fue pródiga en excedentes petroleros, de los cuales se desconoce su inversión productiva para la sociedad. Los estados no sólo recibieron más recursos vía excedentes, sino que contrajeron deudas de forma opaca e injustificada, mientras sus entidades se veían asoladas por la violencia de los grupos criminales. Es posible que parte de esos recursos se utilizaran para que el PRI pudiera recuperar la presidencia en 2012, además de un clima de opinión adverso hacia el PAN, que llevaba dos sexenios en el poder. Y el dispendio continuó.

La corrupción y descomposición, que se vivieron no sólo en el ámbito federal, sino también en los estados, fueron los principales factores que allanaron el camino a la llegada, de forma avasalladora, de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, quien enarboló las banderas del combate a la corrupción y la pacificación del país, y culpó al PRI y al PAN de los problemas que enfrentaba México. La gran promesa fue regenerar la vida nacional y transformar a la República, misma que no se ha concretado dado que la corrupción y la violencia no han sido disminuidas. Incluso, el gobierno federal actual ha seguido en seguridad una ruta similar a la de los sexenios anteriores, otorgando a las Fuerzas Armadas un papel más protagónico.

Para justificar sus acciones, AMLO ha afianzado su retórica de buenos contra malos y ha metido en el costal de estos últimos a todos los que cuestionan sus planes o se sienten afectados por las medidas de la llamada Cuarta Transformación. Es en este marco en el que se da la disputa entre la Alianza Federalista y el gobierno federal, sobre la cual es necesario hacer varios apuntes. Primero, se debe revisar el incompleto esquema federal que las tres alternancias que llevamos no han logrado fortalecer; se requiere un nuevo marco de convivencia entre el poder central y las entidades, pero no para satisfacer los caprichos de los gobernadores sino para atender de mejor manera a la realidad de la sociedad y sus problemas, en donde mejorar la recaudación estatal debe ser un requisito. Segundo, para transformar la República, como pretende el presidente, se requiere mucho más que sus declaraciones de las “mañaneras”; hacen falta instituciones republicanas fuertes que trasciendan al mandato de una persona, y un consenso enriquecido con la visión de los distintos actores políticos, sociales y económicos.

Un tercer punto a valorar está en la construcción de contrapesos y esquemas eficientes de rendición de cuentas tanto en el ámbito federal como dentro de las entidades; el federalismo no puede entenderse como la soberanía ejercida por los gobiernos de los estados, sino por la facultad que debe tener la ciudadanía para fiscalizar a sus gobiernos y vigilar que se cumpla el compromiso de usar los recursos públicos para mejorar la calidad de vida de la gente. Y cuarto, en la actual ecuación del choque estados-gobierno federal están quedando relegado el municipio, es decir, la parte más importante del Estado mexicano según la Constitución, y el orden de gobierno más cercano a la gente. En La Laguna, por ejemplo, el reclamo que hacen hoy los gobernadores al presidente es el mismo que hacen los ayuntamientos a los gobernadores de Coahuila y Durango. La solución, pues, está más allá de la pugna coyuntural entre mandatarios estatales y el presidente.