El agua es un derecho humano que, en el caso de México, está reconocido en el artículo 4º de la Constitución. El cumplimiento de ese derecho debe ser prioridad, por encima de intereses particulares y lucrativos. La esencia del derecho humano al agua en cantidad y calidad suficientes tiene que ver con la ejecución de actos de autoridad que permitan a la población en su conjunto tener acceso, sin excepciones, a un líquido apto para su consumo.

La Laguna tiene un problema de gestión, uso y disponibilidad del agua. Dicho problema no es exclusivo de la comarca, ya que se inscribe en una problemática global en la que entran en conflicto la necesidad creciente de abastecer de agua potable a los habitantes de pueblos y ciudades, la gestión gubernamental de las fuentes y la infraestructura para almacenamiento y distribución, la lucha de comunidades por conservar los afluentes de sus territorios y el acaparamiento del recurso por parte de particulares con fines productivos. El 36 % de la población mundial vive en regiones con escasez de agua (ONU Hábitat).

En la comarca, el problema del agua tiene que ver principalmente con cuatro realidades. Primero, en la región se extrae del acuífero más agua de la que se recarga, y esto es no solo porque se ha concesionado un volumen mayor de agua subterránea, 683.1 millones de m3 anuales a lo que se recarga, 534.1 Mm3 (Conagua), sino porque además existe un volumen que se explota de forma irregular, lo cual dispara el déficit. Segundo, el 81.2 % del agua que se extrae del subsuelo tiene un uso agrícola, y a la fecha la Conagua no han puesto orden en la extracción. Tercero, cada vez es más caro y difícil para los organismos operadores de agua potable extraer el líquido del subsuelo para abastecer a los poblados y ciudades. Y cuarto, un alto porcentaje del agua que se extrae de las norias de los sistemas municipales rebasa la norma de contenido de arsénico, y entre un 40 y 50 % del líquido se desperdicia por fugas de las redes hidráulicas.

Para resolver la sobreexplotación del acuífero es necesario que se reduzca sustancialmente la extracción de agua que llevan a cabo los integrantes del sector productivo regional, y para ello se debe primero limitar y luego disminuir las concesiones de agua; instalar medidores volumétricos en todos los pozos, y desincentivar la extracción desmedida encareciendo costos y haciendo efectivas las sanciones. Este escenario requiere que los productores hagan un uso más eficiente del agua, con la tecnificación del riego, pero también que se contenga la expansión de la superficie de riego, lo cual implica trasladar la fuente de abasto de pastos para ganado a otras partes del país y el mundo con menos estrés ecológico. Esta solución es estrictamente necesaria, pero, dada la complejidad económica, es de largo plazo y no atiende de inmediato otros problemas urgentes.

Para resolver la falta de agua potable y su mala calidad se han aplicado hasta ahora dos paliativos: la instalación de filtros a pie de noria para eliminar el arsénico y de filtros en tomas domiciliarias. Ninguno resuelve de fondo el problema, ya que solo atacan el aspecto de la calidad y no de la cantidad, y han resultado costosas por el mantenimiento que debe darse a los aparatos. En el caso de los filtros domiciliarios, el programa fracasó rotundamente.

El proyecto de potabilizar parte del agua del río Nazas para abastecer a pueblos y ciudades de La Laguna no es nuevo ni es del actual gobierno federal. El proyecto tiene su origen en el gobierno estatal de Durango de hace dos sexenios y básicamente consiste en construir una represa permeable en el río Nazas a la salida del Cañón de Fernández, dentro de la zona de amortiguamiento del área natural protegida, para derivar agua a través de una toma y acueducto hasta una planta de rebombeo, en la misma zona, que empuje el líquido hasta una planta potabilizadora, ya fuera del área protegida, de donde se distribuirá por gravedad a tanques que abastecerán a las redes hidráulicas de nueve municipios de La Laguna. Con esta obra se resolvería el problema de la cantidad y calidad de agua para consumo humano en el corto y mediano plazo.

Se trata de la obra hidráulica más importante en décadas en la región, y la única de esta magnitud del gobierno federal en turno para la Comarca, no sólo por su costo (unos 10,000 millones de pesos), sino también por sus implicaciones. De acuerdo con el proyecto, habrá agua potable sin arsénico para 1.6 millones de personas, se usará parte del agua que ya se extrae de la presa y que hoy tiene un uso agropecuario, se impulsará la tecnificación del riego y se modernizarán las redes hidráulicas de los municipios para evitar las fugas.

El proyecto ha provocado oposición principalmente por dos razones: una, por el posible impacto negativo que pudiera causar al ecosistema del río Nazas y la reserva del Cañón de Fernández, y dos, porque la obra no resuelve el problema de fondo del agua en La Laguna, es decir, la sobreexplotación. Si bien estas preocupaciones son legítimas y tienen parte de verdad, hay otras realidades que no deben obviarse. Una es que, si bien toda obra produce un impacto en el entorno natural, en el caso de Agua Saludable para La Laguna se contempla un programa de mitigación para neutralizar los efectos negativos e, incluso, mejorar las condiciones de la zona protegida gracias, entre otras cosas, al aumento en 20 veces del caudal ecológico del Cañón. Otra es que el proyecto no riñe con la necesidad de combatir la sobreexplotación, incluso, es complementario y contempla una disminución del déficit en 169 Mm3 (Conagua). Además, hacer la obra para dotar en el corto y mediano plazo de agua potable a los habitantes de la región no significa renunciar al problema principal, la sobreexplotación.

La desconfianza que hay en sectores de la ciudadanía hacia la Conagua no es gratuita. La máxima autoridad en materia de agua ha fallado hasta ahora en su obligación de frenar la extracción desmedida. Aunado a ello, la forma en la que se ha concebido y socializado el proyecto no ha sido la adecuada en tiempo ni forma. El propio presidente, en su visita reciente a la región para abordar el tema, abonó a la discordia y sembró semillas de polarización que lamentablemente han germinado. Ante este escenario es normal desconfiar. Pero precisamente por ello, y por la importancia que tiene no sólo el proyecto, sino, sobre todo, el problema central que sigue y seguirá siendo, con o sin Agua Saludable, la sobreexplotación del acuífero, la sociedad civil debe ponerse a la altura de sus coincidencias y no estancarse en la pequeñez de sus diferencias para vigilar que la obra se lleve a cabo sin causar un daño irreversible al Cañón de Fernández y sin renunciar al objetivo de acabar con la extracción desmedida e ilegal de las aguas subterráneas.