Dos proyectos regionales acaparan el horizonte lagunero. Si bien ambos son proyectos legítimos y políticos -en el mejor sentido de la palabra-, no parten de la misma premisa. El más antiguo de ellos es la creación del Estado de La Laguna, idea soberanista que apela al sentido de orgullo y unidad regionales para motivar la «independencia» de la comarca respecto a los estados de Coahuila y Durango. Quienes defienden este proyecto arguyen que desde hace décadas la región no recibe lo que le corresponde de los Gobiernos estatales, y que se encuentra en una situación de abandono derivado del centralismo subnacional. En consecuencia, para resolver los problemas de la comarca y sacarla del rezago en el que está, es necesario, como condición sine qua non, que La Laguna tenga su gobierno y que, a partir de éste, se planteen y apliquen las soluciones que se requieren con un presupuesto propio. O sea, se trata de un planteamiento vertical que deposita en una nueva cúpula de poder político estatal la responsabilidad de sacar adelante a la región.

El otro proyecto, más reciente, es la construcción de un esquema de gobernanza metropolitana de alcance regional que permita materializar la necesidad de coordinación, gestión y planeación de La Laguna en un modelo institucional que funcione más allá del calendario electoral y los intereses gremiales, e independientemente del partido ejerza el poder. Quienes impulsan este proyecto argumentan que la solución de los problemas comunes de la región debe comenzar desde la base, es decir, desde la ciudadanía y dentro del ámbito de gobierno más cercano a la gente: el municipio. Consecuentemente, para superar los retos de la comarca y dotarla de un motor de desarrollo viable, sostenible, competitivo y equitativo, se requiere de instituciones que sirvan como punto de encuentro de la sociedad civil, academia, iniciativa privada y los ayuntamientos, y que sean respaldadas por los Gobiernos estatales y federal. Es decir, se trata de un planteamiento horizontal que pone el acento en la capacidad de organización de la sociedad y sus autoridades más inmediatas.

Si bien la idea de un nuevo estado puede parecer en principio más atractiva, porque apela a la emoción, la ruta de la gobernanza a la postre puede resultar más sólida y efectiva, ya que le apuesta a un modelo racional. Sin embargo, ambos proyectos no son excluyentes. En caso de que se lograran sortear los obstáculos legales para la creación del estado 33 de la república, se necesitaría de un esquema de gobernanza para impulsar el crecimiento ordenado de la metrópoli y su entorno. Prueba de ello es que actualmente zonas metropolitanas ubicadas dentro de un mismo estado, como la de Occidente (Guadalajara-Zapopan-Tlaquepaque-Tonalá-El Salto-Tlajomulco) en Jalisco, se encuentran trabajando en ese esquema porque lo necesitan para lograr un desarrollo integrado y equilibrado. No obstante, en el caso de que la conformación del nuevo estado no se diera, esto no sería impedimento para constituir un modelo de gobernanza metropolitana y regional que le diera a La Laguna un cauce para transitar a un futuro más promisorio. Un ejemplo de que esta preocupación se encuentra en otras regiones del país es el esfuerzo que se lleva a cabo en varios aspectos en la zona metropolitana del Valle de México, que abarca también dos entidades federativas.

Una diferencia importante entre los dos proyectos regionales es que el soberanista busca aplicar una fórmula preexistente y rígida: la del estado. Se trata de dar un estatus gubernamental y subnacional a un territorio histórico y cultural, para lo cual los pasos están dados de antemano: conformar un constituyente del que emane una constitución política y de ésta sus leyes, convocar a elecciones para nombrar gobernador y diputados de un congreso local y dar forma a un poder judicial. Y esto no quiere decir que sea malo en sí, simplemente que no existe margen para la innovación y la adaptación. En el caso del proyecto de gobernanza, no hay una fórmula única: cada zona metropolitana, cada región, construye el modelo que más se adapte a sus necesidades y realidades. O sea, hay un amplio margen para la innovación y la participación ciudadana más allá del voto. El diálogo horizontal, la institucionalidad de la toma de decisiones regionales, la integración al mismo nivel, son virtudes que pueden repercutir por sí mismas en una mejora de las condiciones objetivas de La Laguna. Por otra parte, la creciente urbanización y metropolización de la población nacional -ocho de cada 10 mexicanos viven en ciudades y seis de cada 10 en zonas metropolitanas- pone de relieve la importancia de la gobernanza de estos megaespacios conurbados para lograr el desarrollo del país, incluso tal vez por encima de la gobernación de las entidades federativas.

Por eso no resulta extraño que en instituciones como el Senado, máximo órgano de representación de los estados en la república, haya crecido el interés por impulsar el establecimiento de modelos de gobernanza metropolitana. Interés que hizo manifiesto en la organización del Foro Metropolitano Laguna hace unos días en Torreón, y en donde se planteó la necesidad de transformar las experiencias de coordinación y gestión conurbadas, como las desplegadas en materia de seguridad y desarrollo económico, a esquemas sólidos de planeación y gobernanza metropolitana en el que los municipios laguneros resuelvan en conjunto sus problemas y construyan con una misma visión un proyecto de vida colectivo para la región. Y para ello, hay que dotar de instituciones a la metrópoli lagunera, desde y para la ciudadanía, y con la capacidad de trascender lo electoral para hacer que prevalezca lo mejor de la política. El debate está abierto.