Por Arturo González González

La suspensión del Título 42 que permitía la expulsión inmediata de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos so pretexto de frenar la propagación de Covid-19 ha vuelto a calentar el tema de la migración, que es uno de los principales en la agenda bilateral con México. Para evitar caer en prejuicios o juicios simplistas, debemos revisar varias aseveraciones que se dan por ciertas en la esfera político-mediática a ambos lados de la frontera sin mediar a veces crítica alguna.

Uno de los prejuicios más arraigados entre los sectores conservadores de EEUU es que la inmigración es una de las principales amenazas externas para el país, el cual es una víctima sin ningún grado de responsabilidad con el único pecado de ser muy atractivo para los habitantes de otras latitudes. Quienes defienden esta visión pasan por alto que EEUU es tal vez la nación que más provecho ha sacado de la inmigración en la historia reciente del mundo. Y no sólo se trata del hecho obvio de que es imposible entender el surgimiento del estado nacional norteamericano sin la migración en forma de colonización que hizo por oleadas gente procedente principalmente de las islas británicas. Una vez alcanzada su independencia, los gobiernos estadounidenses promovieron la inmigración de europeos con la finalidad de robustecer una población afín a los intereses y valores de la joven nación para iniciar un proceso de expansión hacia el oeste en donde habitaban los pueblos originarios que fueron confinados cuando no exterminados.

Pero EEUU también se benefició de una inmigración forzada. Antes y después de la independencia, cientos de miles de africanos fueron convertidos en mercancía por los tratantes para venderlos en los mercados de esclavos de América. Sobre la espalda de esta fuerza laboral explotada se construyó la riqueza inicial de los EEUU, y no sería hasta la segunda mitad del siglo XIX que la esclavitud quedaría proscrita, sin que ello representase en automático la igualdad de derechos civiles y políticos para la población negra. Este punto nos lleva a señalar una característica histórica de la política migratoria estadounidense: el racismo. Porque tan falso es que la migración es una amenaza externa para EEUU como lo es que todos los inmigrantes sean vistos con miedo, desconfianza y rechazo. Desde finales del siglo XVIII y hasta muy entrado el XX, los gobiernos estadounidenses no sólo toleraron sino que hasta promovieron la llegada de personas blancas del norte de Europa, y aplicaron un criterio de restricción, cuando no de prohibición, para personas del sur y este de Europa, y para personas libres procedentes de otros continentes. Durante buena parte del siglo XIX, una persona sólo podía entrar con facilidad a EEUU si era blanca y nordeuropea, en cuyo caso lo hacía como ciudadano libre, o si era negra, en cuyo caso lo hacía como un esclavo, un inmigrante forzado.

Por otro lado, también es mentira que EEUU sea sólo receptor de inmigrantes. Existe una diáspora estadounidense en el mundo que, si bien no es de las mayores, ha jugado un papel relevante en la defensa de sus intereses económicos y políticos. Sirva como ejemplo el caso de Texas, una provincia mexicana a la que arribaron colonos (inmigrantes) procedentes de EEUU en la primera mitad del siglo XIX, tolerados por el inestable gobierno de México, y que se convirtieron en una pieza clave para la expansión hacia el sur del territorio estadounidense. Por cierto, hay quienes ven en la creciente hispanización de los estados del sur de EEUU un peligro por la supuesta pérdida de identidad y cohesión que conlleva. Pero la extensión y fuerza de la cultura “latina” no es un fenómeno reciente, sino que forma parte de la historia misma de EEUU desde sus orígenes. California, Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México y Texas poseen una rica y profunda herencia hispana ya que formaron parte no sólo de la Nueva España sino también del México independiente. El miedo a que los inmigrantes mexicanos vayan a invadir o fragmentar a EEUU tiene que ver más con lo que ha hecho su gobierno que con las supuestas intenciones de los inmigrantes.

También se debe desnudar el argumento de que los emigrantes latinoamericanos viajan a EEUU sólo por la razón de que ese país es rico, libre y poderoso. La primera causa de la emigración es la necesidad, ya sea por inseguridad, persecución política, despojo o falta de oportunidades. Es contra toda lógica pensar que una persona arriesgaría su vida e integridad, y la de su familia, si no sufriera en su país de origen una hostilidad asfixiante. Además, buena parte de la responsabilidad de los problemas que vuelven a los países latinoamericanos en expulsores de migrantes la tiene EEUU como principal mercado de la droga que producen y venden los cárteles y pandillas al sur del río Bravo; como origen de las armas que utilizan dichas agrupaciones para matar, perseguir y extorsionar, y como sede de un sistema financiero que es usado para lavar dinero. Qué decir de los problemas de despojo y desintegración social que en no pocas ocasiones han provocado inversiones estadounidenses irresponsables en suelo latinoamericano, o del patrocinio de Washington a regímenes militares que en la segunda mitad del siglo XX obligaron a muchos ciudadanos a huir de sus países. Pero esta responsabilidad no exime a las naciones expulsoras y sus gobiernos de las condiciones que han propiciado la emigración. Es injustificable que estos gobiernos poco o nada hagan para reducir las causas de la migración mientras se benefician de las consecuencias del fenómeno migratorio. Porque para estos países la expulsión de población significa una válvula de escape a la presión social provocada por la pobreza, desigualdad, inseguridad y corrupción, a la vez que representa un fuerte amortiguador económico gracias a las remesas. 

Si analizamos de forma crítica esta última ecuación, y la vinculamos con la realidad histórica del país receptor y las naciones expulsoras, podremos encontrar uno de los factores de fondo del fenómeno: los imperativos de un ciclo político-económico perverso. Los inmigrantes fungen como mano de obra barata que se incorpora al mercado laboral de EEUU en condiciones de desventaja para desempeñar labores de baja demanda entre los ciudadanos estadounidenses. El discurso antiinmigrante sirve para aumentar la vulnerabilidad de este grupo de población y así volverlo más propenso a aceptar condiciones de trabajo cada vez más precarias, lo que se traduce en mayor rentabilidad para los contratantes. Mientras tanto, los países de origen se deshacen de sus bonos demográficos que no pueden ocupar y reciben a cambio dólares para tapar de alguna forma los enormes vacíos del Estado cuyas omisiones alimentan las causas de la emigración. Como vemos, la migración no es el problema.