La semana pasada revisamos en este espacio la manera en que la historia mundial se aceleró en la década que dejamos atrás. Necesario es también revisar los procesos vividos en México en ese lapso que concluye con un año marcado por la pandemia. ¿Existe un concepto que pueda ayudarnos a categorizar los últimos diez años en este país? De ser así, ¿cuál sería? Una palabra viene a la mente para intentar esbozar un panorama de una década turbulenta: stasis. Definamos primero esta palabra, para luego pasar al análisis del devenir de los diez años que se fueron y que tienen ese sello.

Stasis es una palabra griega que en el ámbito de la historia política significa división, discordia o enfrentamiento de dos facciones rivales en un estado. En el contexto de la Grecia antigua se refería a la confrontación de dos grupos de una polis por el control del poder. La forma más extrema de stasis fue la guerra civil, cuando las dos facciones enfrentadas llegaban a las armas y el poder político quedaba en manos del lado vencedor, sin que esto implicara la desaparición de las causas de la división; incluso, ocurría lo contrario: las condiciones de discordia se agravaban. La stasis representaba el fenómeno inverso del sinecismo, que se define como un proceso en el que grupos diferentes deciden unirse bajo un mismo estado para buscar mayor protección y la defensa de sus intereses comunes. La fundación de Estados Unidos puede entenderse, por ejemplo, como un proceso de sinecismo. La polarización de varios países en Occidente puede ser visto como un proceso de stasis.

Los riesgos de la stasis son evidentes a la luz de la historia y van desde la fragmentación de los estados hasta su extremo opuesto que es la instauración de regímenes autoritarios o militarizados que, so pretexto de terminar con la discordia, endurecen sus controles y acotan libertades y derechos. Entre ambas posiciones hay una amplia gama de posibilidades. Si analizamos la realidad mexicana de los últimos diez años bajo la óptica de este planteamiento, es fácil encontrar evidencia de la stasis que afecta a la República producto de las grandes contradicciones estructurales de nuestro sistema económico y político.

La primera de ellas tiene que ver con la seguridad pública, la cual se ha venido deteriorando de forma sostenida desde hace por lo menos tres sexenios. Las opiniones más superficiales atribuyen al crimen organizado y a la corrupción de las policías el incremento de la violencia y la inseguridad ciudadana. Pero en el fondo del problema subyacen debilidades estructurales del Estado que van más allá de las realidades mencionadas y que abarcan las contradicciones de un modelo económico basado en la desigualdad y la concentración de riqueza, la verticalidad del ejercicio del poder real, la colindancia  con el mayor mercado de dinero, drogas y armas del mundo (EUA), los vacíos dejados por la desarticulación del Estado de bienestar y las redes de complicidades y complacencias de grupos de poder político y económico. Esto ha traído consigo una putrefacción del tejido social al grado de que hoy ya muy pocos se sorprenden de que todos los días decenas de personas sean asesinadas o desaparecidas en este país. Contamos muertos como se cuentan casquillos en la escena de un crimen, cuando en realidad estamos inmersos desde hace años en la peor tragedia colectiva de la historia reciente de México. Y esta tragedia se ha desencadenado a pesar de, o quizá a causa de, la creciente militarización de la seguridad pública.

En la política, la evidencia más clara es la polarización. Creer que el tránsito de la derecha disfrazada del PAN a la izquierda malograda de Morena, pasando por el centro difuso del PRI, es síntoma de una pluralidad democrática, no sólo demuestra una gran ingenuidad, sino que deja de lado la forma cada vez más burda en la que se ha dado la lucha por el poder político en México. Más que una sana pugna en medio de un debate democrático de ideas, lo que hemos presenciado es el encumbramiento de la calumnia, la descalificación a priori, las campañas negras y la guerra sucia como métodos primordiales para mantener, ampliar o alcanzar el poder. Pero lo preocupante de este fenómeno no es sólo lo que exhibe, a saber, la pobreza general de los perfiles que aspiran a los cargos públicos y su incapacidad para practicar una política de horizontes amplios y proyectos de largo plazo, sino sobre todo lo que encubre. Porque mientras los políticos y sus partidos, agrupados hoy en dos bandos, se empapan en sus pleitos arrojando la porquería al abanico con el garlito de la corrupción —de la que ningún partido está exento—, por debajo se afianza el proceso de militarización de la vida pública del país. Si Calderón usó al ejército para buscar la legitimidad que las urnas no le dieron y Peña sólo simuló un cambio de estrategia, López aprovecha su popularidad para darle a las fuerzas armadas un poder no visto en siete décadas. Fiel reflejo de este fenómeno es la utilización hipócrita por parte de todos los partidos del problema de la seguridad: critican la opción militar mientras son oposición, pero cuando llegan al poder, la defienden y amplían.

En lo económico, el síntoma más claro de la stasis agudizada en la década pasada es la desigualdad sistémica que propicia que la mitad de la población viva en la pobreza, mientras un puñado de hombres mexicanos aparece en las listas de Forbes. Puesto en dato duro: el 1 % del sector más pudiente de México concentra la riqueza que posee en conjunto el 90 % de la población. Un estado no puede aspirar a una vida democráticamente estable con estos niveles de disparidad en los ingresos. Y este fue parte del discurso que llevó a López a la presidencia, quien en dos años de gobierno ha intentado revertir esta situación basándose sólo en dos estrategias: uno, la transferencia directa de dinero a sectores no privilegiados de la población, como lo han hecho otros regímenes populistas en América, valiéndose de una austeridad y una pretendida lucha contra la corrupción que han llevado a desmantelar instituciones del Estado; y dos, el incremento al salario mínimo, una medida que responde más a las condiciones impuestas por el nuevo acuerdo comercial con EUA. Pero, si miramos bien, en el fondo la estructura económica se mantiene y prueba de ello es que alrededor de la actual figura presidencial siguen apareciendo empresarios que se han beneficiado en los gobiernos anteriores.

El discurso polarizante del oficialismo y la oposición; el enfrentamiento entre estados y gobierno federal por la gestión de la crisis de COVID-19; la propuesta de rompimiento del pacto fiscal federal; la permanencia de la corrupción y la desigualdad; el control territorial de cárteles, y el aumento de la violencia social y política con todo y militarización, son todas señales de la stasis que se profundizó en México en la década que se fue.